Juan José Marín Hernández, Director CIHAC-UCR
David Díaz Arias, Director Posgrado de Historia, UCR
Desde que en 1961 se crearon los premios nacionales, se procuró que éstos reconocieran no sólo la trayectoria, el esfuerzo y la tenacidad de las personas, organizaciones o grupos que fueran galardonados, sino que también se intentó fomentar el desarrollo del arte, la ciencia y la cultura. Si bien todavía queda por valorar si esos objetivos se han cumplido en las casi cinco décadas de existencia de los premios nacionales, pocos dudarían del impacto positivo que han generado en la cultura nacional al galardonar, año a año, las diferentes manifestaciones del arte y la cultura y al propiciar la visibilización de lo que se realiza en los diferentes campos de producción cultural.
Empero, se debe anotar que desde hace varios años, ha habido una creciente crítica a los premios nacionales que otorga el Ministerio de Cultura. Así, se ha hecho común escuchar a muchos artistas, escritores y científicos sociales señalando la necesidad de que la estructura en que se seleccionan dichos premios sea reformada, de forma tal que asegure, al menos de mejor forma, las injusticias en premiaciones o no premiaciones. En ese sentido, ha hecho bien el Ministerio de Cultura al recoger ese sentimiento y plantear un proyecto nuevo sobre los premios nacionales. Pero sólo en eso ha acertado Ministerio, porque el proyecto que ha presentado amenaza con ser más injusto y menos preciso que la ley de premios nacionales que ha regido hasta el momento.
El problema fundamental es que existe una distancia muy grande entre las críticas que se han hecho constantes a los premios nacionales y el proyecto que plantea el Ministerio. Las críticas, hay que recordarlo, fundamentalmente se han centrado en tres ejes. Primero, se ha cuestionado el que las personas que se seleccionan para los jurados de ciertos premios, no tienen la trayectoria necesaria para poder valorar las obras que se someten a su juicio. Segundo, se ha señalado que en muchas ocasiones no se seleccionan las mejores obras, sino que simplemente se selecciona la obra de algún amigo de los jurados. Tercero, se han vertido críticas en las ocasiones en que algunos jurados, en lugar de declarar un ganador, han decidido declarar desierto el premio.
En lugar de concentrarse en esos ejes de la crítica y tratar de intentar crear una nueva estructura que permita sanarlos, el nuevo proyecto de ley de premios nacionales del Ministerio de Cultura pareciera concentrarse en lo monetario. Pero eso no es, para nada, lo importante de los premios nacionales. Así, si el problema de fondo que motiva una reforma a la ley de premios nacionales es de carácter económico, no se debe perder de vista que estos premios, además de este estímulo, tienen un alto valor simbólico, de reconocimiento, para quienes obtienen los galardones. De allí que “ahorrar” presupuesto no debería ser una consigna para crear las nuevas categorías nebulosas de premiación que sugiere el proyecto. Antes bien, el Estado debería continuar con su labor de “mecenas” para el desarrollo de las Humanidades, de las Ciencias y de las Artes, en sus dos dimensiones: la de estímulo económico y la de reconocimiento simbólico. Ojalá no perdamos de vista esta función del Estado cuyo impacto no se puede medir a partir de indicadores socioeconómicos sino a partir del desarrollo del pensamiento crítico y del desarrollo intelectual, aspectos muchas veces intangibles, de los que no pueden prescindir los países que buscan un modelo de vida digno para sus ciudadanos.
Lo que más nos llama la atención empero, es la eliminación de varios premios al crearse esas nuevas categorías, específicamente la eliminación del Premio Nacional de Historia. Es posible, que para justificar esa omisión, el Ministerio de Cultura afirme que ya existe un premio a la producción historiográfica que es el que otorga la Academia de Geografía e Historia. No obstante, en su eliminación del Premio Nacional de Historia, el Ministerio de Cultura no ha actuado, que se sepa, basado en lo apuntado.
La Historia, como disciplina, no es ajena a la evolución de los premios nacionales. En efecto, en el contexto académico de 1961 la práctica de la Historia era relativamente pobre. En ese momento, existía una sola Universidad que graduaba historiadores, había pocos espacios para el debate y predominaba la llamada historia del acontecimiento que se abocada a las grandes figuras o a la historia de las administraciones, con poca creatividad en sus métodos de trabajo y con poca capacidad propositiva. Pero al transformarse esa práctica histórica después de la década de 1970, los jurados del premio nacional de Historia no sólo tuvieron que empezar a premiar trabajos de los nuevos historiadores que visibilizaban otros actores sociales en lugar de la élite (como los sectores populares, indígenas, negros y grupos marginales), sino que se dejaron en evidencia otros procesos complejos de la cual Costa Rica fue parte, como la inserción a la economía mundial, la creación de modelos agroexportadores, la comunicación de Costa Rica con Centroamérica, el Caribe y el mundo. Al mismo tiempo, se cuestionaron las viejas teorías del poblamiento, el pasado colonial y la conformación republicana y se dio pie para que otros investigadores de distintas disciplinas, con visión de procesos y trayectorias históricas, debatieran sobre los distintos procesos que aquejaban el país. Gracias a la premiación, algunos de esos trabajos fueron visilizados en la esfera pública.
Así, la Historia ha sido y es una disciplina fundamental en el contexto del conocimiento producido en Costa Rica. De hecho, hace unas semanas nos reunimos en la Universidad de Costa Rica alrededor de 40 historiadores para discutir en 15 mesas (con un público promedio de 150 personas por mesa), el estado de salud de la historiografía costarricense. Las ponencias presentadas, que se publicarán el próximo año como un libro, dan cuenta de la vitalidad, compromiso y variedad de la producción historiográfica de este pequeño país. Quedó claro, como es ya reconocido en los Congresos Centroamericanos de Historia que se han hecho desde la década de 1990, que la producción histórica costarricense es la más avanzada del istmo centroamericano y que sus historiadores, en términos de conocimiento, teoría y metodologías, no tienen nada que envidiar a los de las más grandes universidades del mundo. Pero todo eso es desconocido, sin saber por qué, por el nuevo proyecto de ley de premios nacionales del Ministerio de Cultura.
En una de las nuevas categorías que crea el proyecto de premios nacionales, pareciera asimilarse la historia a la literatura. Es un grave error hacer esa asimilación porque diluye, como si nada, las esferas distintas en las que se mueven la escritura de ficción y la investigación del pasado. Es cierto, que en el pasado el historiador Iván Molina había propuesto una reforma para que se creara una nueva rama de premiación que podría incluir a la historia, pero él lo que sugería era la visualización de la producción de las Ciencias Sociales del país. No obstante, este proyecto presentado por el Ministerio de Cultura no sólo silencia la gran producción historiográfica que se hace en Costa Rica, sino que deja de lado la oportunidad de incluir la reforma propuesta por Molina para, finalmente, hacer justicia con las otras Ciencias Sociales al crear un premio que las incluya. Así, el Ministerio ha optado por sacudirse a Clío como si fuera una rémora y, al hacerlo, ha apostado por desconocer la vitalidad de esa disciplina y, por otro lado, el papel fundamental que las Ciencias Sociales han cumplido en la crítica de lo oficializado y, con ello, su aporte a la democratización de la sociedad costarricense. Por eso y todo lo apuntado nos oponemos a este proyecto de ley.
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