POR ROBERTO VILLALOBOS VIATO D FRENTE
Su nombre es José Edgardo Cal Montoya (Jutiapa, 1973). Es
doctor en Historia Europea y Mediterránea, miembro de número de la
Academia de Geografía e Historia de Guatemala y académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia de España.
Ha efectuado profundos estudios sobre la relación entre el
Estado y la Iglesia del país durante el siglo XIX, así como
investigaciones de historiografía nacional y centroamericana e historia
política de El Salvador en los siglos XIX y XX.
“De niño fui solitario, quizás por mi condición de hijo único.
Siempre me gustaron los libros. Vivía en ese mundo, leyendo”, cuenta.
En la actualidad, Cal Montoya analiza El autócrata, un libro de
Carlos Wyld Ospina, y también investiga la política del Gobierno de
Estados Unidos de confiscar lectura comunista en Guatemala luego de la
caída del presidente Jacobo Árbenz Guzmán, una operación denominada PB
History. “Estados Unidos destinó gran cantidad de recursos para ello.
Hay evidencias en los mismos archivos desclasificados del FBI y de la
CIA”, explica.
En esta entrevista, el académico brinda su visión sobre la problemática nacional, tomando como base la historia.
¿Cuáles son los problemas que acarreamos desde el siglo XIX?
Mucho de lo que enfrentamos, en efecto, tiene raíces en ese
siglo. El principal es que no hemos logrado un Estado incluyente. Esto
pasa por varios motivos, desde los intereses económicos hasta la falta
de voluntad para resolver el problema agrario.
¿Quiénes son esas personas excluidas a las que usted se refiere?
La mayor parte de la población, pues carece de condiciones de
equidad y que ni siquiera tiene la posibilidad de acceder a los bienes
más básicos.
¿Esto pasa porque no existe una adecuada distribución de la riqueza?
Por supuesto. Eso, desde el siglo XIX, es un obstáculo.
Tenemos un modelo de Estado patrimonial, construido para cuidar los
intereses de particulares y no de generar una sociedad incluyente.
¿Cómo se puede cambiar el sistema actual?
Primero hay que interesarse por la historia. Es entonces cuando
uno se puede preguntar si este es el sistema que conviene y, de esa
forma, se podrán generar propuestas para hacer cambios profundos.
¿Usted cree que los políticos actuales se parecen en cierta forma a los del siglo XIX?
Sí. Aún persiste ese caudillismo, esa figura de hombre fuerte,
de compra y venta de favores políticos, con intenciones de estar en el
poder para favorecer a familiares... Todo eso que estamos viendo es de
la época colonial y se institucionalizó en el siglo XIX. Eso es vivir
del Estado. Para ellos es un gran negocio, su modus vivendi. La política
guatemalteca es una inversión.
¿Cuán importante es escribir sobre la Historia?
Es vital, pues permite que una sociedad reflexione sobre sí
misma y sobre sus problemas fundamentales. Sirve para dotarnos de
posibilidades para construir un mejor futuro. Si no conocemos nuestra
historia, no podremos pensar en un proyecto social incluyente y justo.
Pero parece que la humanidad no ha aprendido nada, pues tiende a repetir. Le pongo un ejemplo: las guerras.
Cuando se establece esa reflexión crítica llegamos a la
conclusión de que, en efecto, tenemos mucho que aprender. Hay que
enfrentarse al pasado y tener lecciones para construir una mejor
sociedad. Uno de los problemas que puede surgir es que se emplee la
historia como un instrumento político o de adhesión.
¿Eso quiere decir que se pueden cometer abusos con la Historia?
Claro. La Historia es un saber científico. La manera en que la
sociedad la apropia es un proceso complejo. Por eso los historiadores
tenemos la responsabilidad de evocar una serie de visiones sobre un tema
específico. Pierre Nora, historiador francés, decía que quienes nos
dedicamos a esta profesión tenemos la función de vigilancia académica,
racional, crítica y ciudadana sobre la construcción y usos que se le dan
a la historia.
¿Cree que en Guatemala los historiadores tienen un papel relevante como en otros países?
No, porque este país no está preparado para debatir ni
discutir. Creo que los medios de comunicación tienen cierta culpa de
eso, pues plasman una visión de la Historia meramente anecdótica, no una
que permita reflexionar y que genere soluciones.
Todo lo contrario sucede, por ejemplo, en México, España y
Francia, donde los historiadores son influyentes y contribuyen a formar
opinión pública.
Muchos historiadores, como usted menciona, han llegado a
tener una enorme influencia. ¿Podrían, incluso, llegar a ser
complacientes?
Es una pregunta interesante, porque implica relaciones con el
poder. Se debe analizar cómo un historiador se relaciona con distintos
sectores sociales y si recoge distintas voces y no solo una, y si no usa
sus conocimientos para defender ciertas posturas políticas. Considero
que nuestra labor tiene que ir bastante apegada a la ética.
Si no, mire el caso de Jorge Ubico, a quien muchos tienen como
una figura mítica, como un hombre probo. Pero si se investigan los
informes de la Embajada de Estados Unidos, uno se da cuenta de que en
esa época se había convertido en uno de los mayores terratenientes de
Guatemala, comprando bienes con precios fijados por él mismo.
Cuénteme sobre los estudios que ha efectuado sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia durante el siglo XIX.
Es un tema que me apasiona y tiene mucho que ver en lo que
conversamos al principio. Esa relación entre el Estado y la Iglesia nos
permite entender el modelo actual que gobierna hasta nuestros días. Los
liberales de 1871 pregonaban su preocupación por construir un Estado
moderno, aunque, lo que en realidad querían era crear una nueva élite
gobernante con gran potencial económico. Para eso tuvieron que pasar
encima de otros, entre ellos los conservadores, y además, era vital para
sus intereses diluir la influencia política y económica de la Iglesia.
Para empezar, Justo Rufino Barrios expulsó a los jesuitas.
Sí. Ellos tenían una relación fuerte con el Estado
conservador. Tenían, asimismo, una gran influencia social y cultural.
Los liberales no lograron quitarles todo el poder a los católicos, pero
sí pudieron construir un Estado laico y, de paso, permitieron el ingreso
de un fenómeno nuevo en el imaginario colectivo, que fue el de otras
confesiones religiosas, como la venida de la Iglesia Presbiteriana en
1882.
¿Con el paso del tiempo la Iglesia Católica recuperó su influencia?
Se recuperó, pero ya no es una institución parestatal, sino
que se convirtió en una privada. No es como cuando el Estado hacía
respetar a la Iglesia y viceversa.
¿Eso es bueno o malo?
Más allá de establecer un juicio de ese tipo, lo importante es
entender que un modelo de Estado laico condujo a que los guatemaltecos
tuvieran ciertos rasgos de modernidad, pues la Iglesia dejó de tener
poder de decisión en la política. A mi criterio, las instituciones
religiosas deben permanecer en lo privado y no incidir en las decisiones
que tienen que ver en lo público.
En teoría.
Bueno, sí, pues en la práctica es diferente.
¿Considera que en este siglo la Iglesia incide en la política?
Tuvo un papel importante en el siglo recién terminado. Ahora, a
partir de la crisis y de los escándalos que ha tenido, sobre todo en
temas relacionados con la moral sexual, ha sido cuestionada.
¿Siente libertad de hacer críticas?
No con total libertad, pero sí se puede hacer mucho más que
antes. En Guatemala no existe tolerancia ni respeto a la diversidad de
ideas. Muchos quieren que su opinión se imponga sobre el resto. Eso
sucede por nuestra herencia autoritaria. Considero que el disenso debe
formar parte de nuestra cultura.
De hecho, el historiador guatemalteco Severo Martínez, por citar un ejemplo, tuvo que salir exiliado debido a sus estudios.
Martínez plantea una visión crítica de la historia. En La
patria del criollo habla de cómo los ladinos y los indígenas fueron
explotados. Escribir sobre eso en la década de 1970 era muy fuerte,
por la guerra interna, pero rompió paradigmas. Es una obra criticable,
porque predomina el ideario político que tenía el autor, pero aún así es
válido e incluso un clásico y referente, no solo en la historiografía
guatemalteca, sino dentro de las ciencias sociales de Centroamérica y
Latinoamérica.